Por: Jesús "Chucho" García
Informe para el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial,
Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia.
Visita a Colombia 29 de Septiembre de 2003
Amanda Romero, Comité Andino de Servicios
RESUMEN:
A través de este informe, buscamos demostrar que las condiciones del racismo que constató el Relator Especial en su visita a Colombia en 1996 no solamente continúan hoy día, sino que han empeorado y han sido exacerbados a causa del conflicto armado que vive el país.
En particular, enfatizamos que el Estado colombiano no ha tomado las medidas adecuadas para atacar las causas del racismo. Eso significa que más allá de la persistencia y degradación del conflicto armado interno y su posible superación en el futuro cercano, aún existirá racismo en Colombia, puesto que sus manifestaciones tienen raíces culturales, políticas, socioeconómicas, religiosas e históricas que no han sido materia de políticas públicas específicas para la protección de los pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Raizales y Romaní.
Señalamos la necesidad de que existan mecanismos reales para la prevención de la violencia en todas sus formas contra las poblaciones Afrodescendientes (continentales e insulares), gitanas e indígenas y la protección de las mismas bajo la consideración de que éstas son Minorías Étnicas dentro del conjunto nacional.
Llamamos la atención sobre el hecho de que la Cancillería aún no cuenta con un plan de acción concreto para ejecutar el Programa de Acción de Durban, sin el cual no es posible un verdadero avance en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Desde que en 1993, la Comisión de Derechos Humanos definió el mandato del Relator Especial retomando el contenido de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la cual Colombia es parte, el gobierno colombiano se comprometió a condenar la discriminación racial y a eliminarla en todas sus formas . Sin embargo, cuando el Relator Especial visitó a Colombia en 1996, encontró que, a pesar del compromiso que adquirió el Estado colombiano al firmar la Convención, los afrocolombianos e indígenas eran “marginados, pobres, vulnerables y [vivían] en condiciones económicas y sociales desfavorables”, y constató que la igualdad de derechos ante la ley aún no existía en la realidad.
Retomando algunas de las recomendaciones formuladas por el
Relator Especial en 1996, y contrastándolas con las conclusiones de
la Conferencia Mundial de Durban, podemos afirmar que subsisten sin desarrollar
las políticas públicas que respondan a los siguientes aspectos:
1. Adopción de una ley sobre el racismo y la discriminación
racial: Colombia no ha declarado su intención de hacerse parte del
Artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial, que permitiría
el establecimiento de un órgano ad hoc para tratar los casos individuales
y colectivos de discriminación racial que viven las Minorías
Étnicas en el país.
De igual manera, en la medida en que no se reconozca que en Colombia la discriminación racial es una realidad que tiene impacto negativo en las personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, los debates sobre minorías étnicas son simple retórica.
Es preciso destacar que las instituciones estatales que abordan temas relativos a dichos grupos no cumplen con lo establecido en los numerales 66 y 68, entre otros, del Plan de Acción de Durban , por cuanto de acuerdo con la Constitución colombiana, los instrumentos internacionales tienen prevalencia sobre las normas nacionales, y, aunque, dichas normas y en particular el artículo 7° de la Carta menciona de manera expresa que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, las políticas públicas actuales no abocan de manera directa el problema de la discriminación racial, porque no existe la voluntad política para hacerlo, los funcionarios y funcionarias públicos no están capacitados para ello, o bien porque los programas son marginales, no cuentan con presupuestos adecuados, mecanismos de vigilancia social, participación y exigibilidad de los derechos de las personas pertenecientes a estas minorías, respecto de la violación de sus derechos humanos.
2. Aceleración del proceso de atribución de
tierras a las poblaciones afrocolombianas e indígenas: A pesar de la
entrega formal de varios títulos colectivos a comunidades Afrodescendientes
y pueblos indígenas, existen serios obstáculos para el disfrute
del derecho de estos pueblos minoritarios a sus territorios:
a. Las decisiones gubernamentales de reformar, eliminar y reducir instituciones
estatales que se ocupan de asuntos agrarios, han postergado y complicado los
procesos de titulación pendientes de territorios indígenas y
Afrodescendientes en varias regiones del país.
b. Por las mismas razones, no existen políticas públicas que
respondan a la necesidad de una reforma agraria con perspectiva étnica
en aquellos lugares en donde las comunidades conviven con campesinos mestizos,
en zonas de colonización o en departamentos donde la población
Afrodescendiente es más minoritaria en comparación con las costas
Caribe y Pacífica.
c. Subsisten problemas serios para que el gobierno emprenda un programa específico
para proteger los derechos al territorio de las comunidades Afrodescendientes
de las Islas de San Andrés y Providencia, conocidas como Raizales.
d. La ambigüedad de la norma que delimita territorios indígenas
y Afrodescendientes como parques nacionales o reservas naturales, impide el
pleno ejercicio de los derechos autónomos de propiedad colectiva sobre
dichos territorios, a la par que permite la incursión de empresas nacionales
e internacionales de extracción de recursos del suelo y del subsuelo,
en detrimento de los derechos étnicos.
En este sentido, sigue vigente la preocupación manifiesta en la Declaración Final de la Misión Política Internacional que delegados de organizaciones Afrodescendientes realizaron en el año 2002 . Cuando expresaba “su seria preocupación por la seguridad de las comunidades Afrocolombianas que han decidido permanecer en sus tierras ancestrales como medio de resistencia pacífica. Esta permanencia en los territorios representa una manera de garantizar el avance de los procesos de titulación y de evitar la desintegración social y cultural, producto del desarraigo. Son graves las violaciones por parte de los actores armados de la Ley 70, en especial de sus mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico. Los territorios colectivos, regidos por dicha ley, son escenarios de enfrentamientos entre los grupos armados, involucrando indebidamente a la población civil del conflicto”. De manera tal que las políticas de atención a la población desplazada no deben centrarse en los retornos sin condiciones de seguridad, sin titulación y saneamiento de títulos de propiedad y sin el desarrollo de planes y programas que den cuenta de las necesidades de las comunidades en materia de educación, salud, generación de ingresos, servicios públicos y vivienda digna.
3. Sensibilización al ejército y a la policía en cuanto a los derechos humanos, con formación en tal sentido: La posición de importantes organizaciones de minorías étnicas respecto de las graves violaciones de los derechos humanos y del DIH de que son objeto en el momento actual indican que no solamente los actores armados ilegales son responsables de dichos atropellos, sino miembros de la Fuerza Pública, en desarrollo de la política de Seguridad Democrática.
Desde el punto de vista de la experiencia nacional, no existe una formación en derechos humanos que vaya más allá de los límites de la formalidad académica, en la información sobre instrumentos y mecanismos de derechos humanos existentes en el plano nacional e internacional, pero raras veces enfocado a su aplicación práctica. La incapacidad del Estado colombiano de responder a las múltiples recomendaciones de órganos de derechos humanos indican que no existen acciones de sensibilización, prevención de violaciones y en especial del sentido del concepto de protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en general, y de discriminación racial,, en particular.
En Colombia, se ve como normal que la discriminación racial exista y que sean los funcionarios estatales, incluyendo a la Fuerza Pública quienes justifiquen dichas violaciones con el argumento de la defensa de la seguridad nacional como prioridad en su lucha antiterrorista.
Por ello, las comunidades Afrodescendientes comienzan a discutir cada vez más la necesidad de que el Estado colombiano reglamente el derecho de Objeción de Conciencia al Servicio militar obligatorio, que amplíe la protección legal para las personas que desde la defensa de su pertenencia étnica y con argumentos basados en la pervivencia como pueblos, puedan acceder a dicho derecho. La vinculación de miembros de grupos Afrodescendientes a la Fuerza Pública obedece fundamentalmente a la carencia de oportunidades laborales en actividades civiles , así como en el incumplimiento por parte del Estado de los derechos económicos, sociales y culturales de la población Afrodescendiente, quedando como única alternativa para la generación de ingresos la participación en cuerpos armados estatales y no estatales.
Al propio tiempo, las organizaciones indígenas cuestionan que mientras que la legislación actual permite la exoneración del servicio a miembros de Pueblos Indígenas, existan propuestas desde senadores, como el Proyecto de Ley presentado recientemente por el congresista indígena Jesús Piñacué que busca, en lugar de defender la exención al servicio militar para los indígenas, su ampliación a fin de regularizar la situación de cientos de indígenas que ya son parte de las filas. Aunque en la exposición de motivos y en la resolución de este proyecto se propone que cualquier indígena vaya al servicio militar con permiso explícito de sus autoridades del Cabildo, la manipulación y los condicionantes de la actual polarización nacional pueden llevar a un etnocidio por esta vía.
Llamamos la atención del Relator Especial para que se tomen con consideración las determinaciones de las organizaciones indígenas que se oponen al programa de Soldados Campesinos y la Red de Cooperantes porque sus métodos se oponen a las formas de resistencia pacífica al conflicto que vienen ejerciendo, en especial, a través de las Guardias Indígenas.
El traslado de los escenarios del conflicto armado a los territorios indígenas y Afrodescendientes lleva connotaciones racistas, en la medida en que en muchos lugares, las fuerzas paramilitares reclutan principalmente a miembros de comunidades negras, que cometen atrocidades contra comunidades indígenas y campesinas, profundizando estereotipos racistas sobre los victimarios. Tanto las guerrillas como los grupos paramilitares reclutan a niños, niñas y jóvenes, preferentemente, de las comunidades indígenas y Afrodescendientes, causando un grave perjuicio y des-estructurando sus organizaciones, violando los Derechos de la Convención de Derechos del Niño y su Protocolo Opcional.
4. La consecución de una mejor participación de las poblaciones afrocolombianas e indígenas en la adopción de las decisiones que les interesan: Las políticas públicas en el país están determinadas por factores externos a los intereses de las comunidades étnicas. Los niveles de participación y los mecanismos creados por ley no están, en la práctica funcionando, entre otras razones porque descansan en modelos patriarcales, burocráticos y de clientelas, que dan por resultado el escaso involucramiento de miembros de las comunidades étnicas en decisiones de trascendencia para las mismas. En las áreas de salud, por ejemplo, no existen políticas publicas de acción afirmativa que apunten a superar la grave crisis de enfermedades infecciosas prevenibles, de saneamiento básico y de servicios médicos eficaces y permanentes en territorios donde es endémico el paludismo, la tuberculosos, la desnutrición y otras enfermedades que aquejan a estos pueblos.
La ausencia de respuestas en materia de acciones concretas para superar la impunidad a diversos delitos de Lesa Humanidad, violaciones de derechos humanos y del DIH contra pueblos indígenas, llevó a la terminación de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y el gobierno nacional, puesto que la ONIC y otras organizaciones indígenas han visto el permanente incumplimiento de las normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y los Pactos Internacionales suscritos en esa materia por el Estado colombiano.
5. Respeto y mejoramiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la poblaciones interesadas en la concepción y aplicación de los planes de desarrollo, en particular en la región de Pacífico: La situación de pobreza, marginalidad y exclusión, como manifestación directa del racismo en Colombia, sigue existiendo en las regiones donde habitan personas, grupos y comunidades de Pueblos indígenas, Afrodescendientes, raizales y gitanas.
En el caso de la región del Pacífico, por ejemplo, las estadísticas de necesidades básicas insatisfechas, en comparación con el promedio nacional sigue siendo alarmante: del 32% nacional, se tiene un 84.87% en el Pacífico Biogeográfico. A pesar de los esfuerzos de organizaciones Afrodescendientes de presentar sus propuestas para un Plan de Desarrollo durante tres períodos consecutivos, no existe claridad en el momento actual sobre la forma en que las prioridades definidas dentro del presupuesto nacional incluirán la reciente propuesta hecha por las organizaciones Afrodescendientes ante el Departamento Nacional de Planeación. Su incorporación plena y la adjudicación de recursos suficientes, necesarios para el disfrute de los derechos humanos de estas poblaciones, son un aspecto que el Relator Especial deberá tomar en consideración en sus diálogos con representantes gubernamentales.
Con respecto a los “Planes de Vida” de los pueblos indígenas, vemos con preocupación la forma en que su diseño, implementación y monitoreo se ha entregado en repetidas ocasiones, a contratistas externos a las comunidades, y que el Estado responde de manera parcial a sus obligaciones legales e internacionales, en la medida en que algunos proyectos concretos de pueblos indígenas están siendo financiados con recursos del Plan Colombia, mientras que de manera simultánea dicho Plan impulsa, promueve e intensifica las fumigaciones dentro de su política antinarcóticos, afectando cultivos de alimentos y cultivos de uso ilícito, en vastas zonas del país. El gobierno nacional, en lugar de proteger el derecho de las comunidades indígenas, Afrodescendientes y campesinas mestizas a un medio ambiente sano y al desarrollo humano, acaba de pasar una legislación que amplía las fumigaciones a territorios de parques naturales, reservas nacionales y resguardos indígenas, proporcionando de ese modo, más motivos para el despojo de los territorios a estas comunidades, cuyo impacto se aprecia no solamente de manera inmediata, sino que traerá consecuencias negativas en el mediano y largo plazo.
En 2003, de nuevo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó la atención al Estado colombiano e insistió que desarrolle “una política consistente para disminuir la brecha de inequidad existente en el país y asegurar que se adopten todas las medidas necesarios para lograr una disminución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y a la viviendo .
6. Defensa de las poblaciones de la violencia en las zonas de conflicto: De especial importancia para Colombia, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial declara el compromiso de garantizar sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico el derecho a la seguridad personal contra todo acto de violencia cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución . En sus recomendaciones, el Relator Especial informó en 1997 a la Comisión de Derechos Humanos que “los Afrocolombianos e indígenas eran desproporcionadamente afectados por la violencia que vive Colombia”.
Las cifras de desplazados forzadamente, las amenazas contra comunidades indígenas, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, la existencia de minas antipersonales y artefactos sin estallar en territorios indígenas, son entre otros, los factores de mayor preocupación para las comunidades. Uno de los motivos de mayor preocupación para estas comunidades es el fracaso de los sistemas de alerta temprana, que vienen siendo liderados por la Defensoría del Pueblo, puesto que los funcionarios responsables de su implementación chocan con órdenes de organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Pública, y hasta la fecha, no ha sido posible frenar masacres, atentados individuales o otros hechos violentos contra las comunidades en zonas de conflicto armado. Al propio tiempo, debido a la persistencia de la impunidad total frente a los casos que afectan a los pueblos étnicos en Colombia, la tendencia a la repetición de actos violatorios de los Derechos Humanos y del DIH está a la orden del día, sin que exista la voluntad política del Estado para adelantar procesos de justicia, verdad y reparación a las víctimas.
Antes por el contrario, la propuesta estatal de un Proyecto de Ley de Alternatividad Penal, planteado en el contexto de las negociaciones con grupos paramilitares, indican que se están pasando por alto los principios de derechos humanos que deben estar en la base de toda discusión sobre graves violaciones de los derechos humanos, y del DIH. Dichos principios deben involucrar la voz de las víctimas de manera directa, y rescatar en este caso particular, las perspectivas de las Minorías Étnicas en el análisis de las consecuencias culturales, sociales, económicas y políticas que ha traído la represión y la guerra en sus territorios y comunidades.
Recordamos también que cuatro años después de la visita del Relator Especial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió al Estado colombiano que “establezca inmediatamente mecanismos eficaces…para [la] protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas…[para] promover el pleno disfrute de todos los derechos humanos…y garantizar su vida y seguridad…[y] la participación real…en la vida política” .
En 2001, la Conferencia Mundial de Durban fue una oportunidad de examinar el avance en la lucha contra el racismo. Los temas tratados durante la Conferencia, que incluyeron las causas del racismo, sus victimas, medidas de prevención y protección, y estrategias para lograr la igualdad , no han sido implementadas por el gobierno colombiano, que no ha tomado en consideración medidas específicas para abordar los problemas arriba mencionados.
No puede afirmarse que el hecho de que con el apoyo de algunas agencias de la ONU el gobierno colombiano esté impulsando algunos proyectos, la totalidad de las poblaciones miembros de grupos étnicos se estén beneficiando de una acción favorable al disfrute de sus derechos humanos. Las prioridades nacionales, que se enlazan con las de los Objetivos del Milenio, no tienen un perfil específico que defienda a los pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Gitanos o Raizales. Su incorporación es un imperativo, puesto que si bien la Conferencia de Durban sucede después de la Cumbre y Declaración del Milenio, sus planteamientos, contenidos en la Declaración y Programa de Acción, son perfectamente compatibles con la necesidad de superar las barreras del racismo y la pobreza.
Igualmente, llamamos la atención sobre otras víctimas del racismo: Los refugiados, refugiadas y solicitantes de asilo en los países vecinos a Colombia: Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, y Brasil, son en su gran mayoría afrocolombianos e indígenas. Las políticas de los Estados panameño y colombiano, por ejemplo, desconocen no solamente de manera abierta los principios del Derecho Internacional de los Refugiados, sino los de la Convención contra la Discriminación Racial. Aquellas personas de ciudadanía colombiana que solicitan asilo en Panamá pero que poseen recursos económicos suficientes y no pertenecen a minorías étnicas, tienen menos problemas de acceso al derecho de asilo que las docenas de familias Afrodescendientes e Indígenas de origen chocoano y antioqueño que se hallan en la actualidad asentados, sin ninguna garantía para sus derechos humanos, en la región del Darién panameño.
La decisión de ambos gobiernos de promover retornos
que para nada son voluntarios, con el argumento de que la política
de seguridad democrática del gobierno Uribe ofrece garantías
de seguridad y protección a las víctimas de graves violaciones
de derechos humanos, no se compadece con la realidad de duros enfrentamientos
y operaciones militares en la zona del Darién, y ponen en riesgo la
existencia de pueblos indígenas. Por ello, hacemos un llamado al Relator
Especial para que considere esta grave situación, instando a los gobiernos
concernidos para que cumplan con sus obligaciones de prevención de
ataques y protección a la población refugiada.
CONCLUSION
³ El racismo y la discriminación racial siguen siendo una grave
violación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a
Minorías Étnicas en Colombia. Se precisa el diseño, implementación
y seguimiento a políticas públicas que evalúen lo actuado
hasta ahora por el gobierno nacional, con participación directa de
los pueblos afectados, a fin de:
- Garantizar los derechos a la vida, a la seguridad y la libertad personal de todos y cada uno(a) de los miembros de comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Raizales y Romaní, en especial en el contexto de degradación e intensificación del conflicto armado interno.
- Establecer un órgano nacional que estudie y resuelva los casos de discriminación racial, individuales y colectivos, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, haciendo que el Estado colombiano se someta a la jurisdicción del artículo 14 de la Convención y ponga en marcha los mecanismos de reparación que establece la misma.
- Proporcionar los recursos suficientes para la puesta en marcha de planes de vida y de desarrollo que satisfagan los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, a fin de identificar su carencia como una de las principales causas del racismo.
- Instar al gobierno de Colombia poner fin a las fumigaciones en el territorio nacional y dar curso a alternativas de erradicación manual, puesto que mediante este procedimiento se atenta de manera grave contra las comunidades indígenas, Afrodescendientes y campesinas en donde existen cultivos de uso ilícito.
- Apoyar las gestiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de que pueda contar con presupuesto y personal suficiente para atender las necesidades de las comunidades de pueblos étnicos. De igual forma, apoyar los esfuerzos de otras Agencias del Sistema de la ONU, en particular aquellas que tienen programas dirigidos a pueblos indígenas, Afrodescendientes y gitanos en materia de infancia, género, salud, educación, desplazamiento interno y desarrollo.
i) Parte I, Artículo 2, numeral 1) de la Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racional.
ii)Oficina en Colombia del Alto Comisionado la Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. 1996. “Aplicación del Programa de Acción de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial: Informe del Sr.
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Relator Especial encargado de examinar
la cuestión de las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.”
iii) El artículo #66 del Plan de Durban reza “Insta a los Estados
a establecer y ejecutar sin demora políticas y planes de acción
nacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y las formas conexas de intolerancia, en particular las manifestaciones basadas
en el género” y el numeral #68: “ Insta a los Estados a
que adopten y apliquen leyes y medidas administrativas a nivel nacional o
refuercen las existentes, con miras a combatir expresa y específicamente
el racismo y prohibir la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia, directas o indirectas, en todas las esferas
de la vida pública, de conformidad con sus obligaciones dimanantes
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, velando por que sus reservas no
sean contrarias al objeto y propósito de la Convención”.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia. Programa de Acción de Durban, p. 56-57
iv)Misión de Observación de la situación de las comunidades
Afrodescendientes en Colombia: Desplazamiento Forzado Interno, Violaciones
a los derechos humanos y al Derecho Internacional. Mimeo, junio 2002.
v)Organización nacional Indígena de Colombia. Fundación
Swiss Aid. Aspectos Históricos, politicos, económicos, ambientales
y culturales de la problemática de los PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS
DEL PACÍFICO. Ediciones Turdakke, primera edición 2002, p. 28
vi)Oficina en Colombia del Alto Comisionado la Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. 2003. “Recomendaciones para Colombia 2003.” Bogotá.
viii)Parte I, Artículo 4, inciso b) de la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racional.
ix) Oficina en Colombia del Alto Comisionado la Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. 2000. “Recomendaciones de órganos internacionales de
derechos humanos al Estado colombiano: 1998-2000.” Bogotá.
Oficina en Colombia del Alto Comisionado la Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. 2002. “Declaración y Programa de Acción de Durban:
Conferencia Mundial contra el Racismo, La Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.” Bogotá.
RURALIDAD Y CULTURA DE RESISTENCIA.
Por Jesús Chucho García
RURALIDAD SUSTENTABILIDAD Y CULTURA:
Existe un diez y seis por ciento de la población venezolana que ha sido excluida en casi su totalidad de los beneficios de las políticas culturales generadas por parte del Estado. El sector rural venezolano permanece erguido con sus saberes locales y sus concepciones tradicionales que generan un modelo de vida diferente.
Caracterizado por las carencias de atención institucional y ausencias de proposiciones que contribuyan a dignificar sus estilos de vida, las comunidades rurales, sin embargo, poseen una riqueza cultural ligada a la sustentabilidad, muchas veces con un alto grado de fragilidad de sus ecosistemas y en no muchos casos, con cierto equilibrio entre ambiente-cultura-agricultura y productividad.
Como dice la Unesco en su ultimo informe mundial de cultura: "El desarrollo sostenible ha adquirido un significado que va mucho más allá de mantener intacto el capital medio ambiental que produce un flujo de ingresos. El aspecto cultural de la sustentabilidad –al que generalmente se concede poca importancia- la recobra cuando se reconoce su valor como objetivo que incluye el desarrollo” (UNESCO: 1998:35) (1)
Tenemos una ruralidad con rasgos distintivos y diferenciados de lo “urbano”, no sólo la arquitectura, la asunción del tiempo, los valores humanos, sino también por sus especificidades culturales. El modo de ser rural se debe abordar dentro de un enfoque sistémico donde los factores ambientales, productividad, espiritualidad y cultura, interactuan para generar una propuesta de un “ser, estar y actuar”, hasta ahora poca entendida desde los enfoques academicistas y las políticas que se elaboran para el “campo” desde los cubículos fríos urbanos de los organismos planificadores de las instituciones oficiales y privadas, tanto nacionales como transnacionales.
“Una empresa capital es traducir ese reconocimiento (de la ruralidad) en proyectos viables sobre el terreno y modificar las políticas y los instrumentos para que se refuercen las dimensiones culturales de las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo” (UNESCO:idem).(2)
Si hacemos un balance de las políticas dirigidas hacia el sector rural venezolano desde 1936 hasta nuestros días, podemos decir sin correr riesgo, que cualitativamente no se justifica la desidia, la pobreza rural y el desabastecimiento alimentario que sufrimos, en estos momentos donde lo que comemos no lo estamos produciendo.
Hará faltar revisar los llamados planes de Extensión agrícola
donde participaron organismos como el MAC, INAGRO, IAN, INCE, MIN. EDUCACIÓN,
CIARA, entre otros, donde muchas veces se actúa en, primer lugar, sin
coherencia institucional, y, en segundo lugar, con desconocimiento de la diversidad
cultural y los contextos sociales donde se implementarían las políticas
de extensión...pareciera que estas, a lo mejor con buenas intenciones,
contribuyeron mas bien al desarraigo y la migración. De estas experiencias,
muy pocas veces registradas, siquiera se levantaron indicadores confiables
de la vida rural.
Este tipo de políticas a generado una cultura de la pobreza, tal vez sin proponérselo, la cual contribuyó a nuevos tipos de pobreza (critica, relativa, extrema e indigencia) y todo ello confluyendo en el circulo fatal de la pobreza, circulo vicioso que se expresa en: Incapacidad para accionar, paternalismo y parasitismo estatal
RADIOGRAFIA DE UNA RURALIDAD FRUSTRADA
¿Cuántas instituciones existen o han existido en Venezuela para abordar la ruralidad¨?
¿Cuántos proyectos de desarrollo rural se han implementado y el porque de sus fracasos desastroso?
¿Por qué la migración cada vez más se acentúa del campo a la ciudad a comienzo del tercer milenio de la humanidad?
En primer lugar pudiéramos responder que la INCOMPRENSIÓN de
la cultura rural como modelo, es una de las causas del fracaso, ya que las
propuestas que se han generado y que se están generando )tanto de la
óptica oficial como privada) no han entrado en diálogo con los
contextos, debido al entramado del mismo y del analfabetismo funcional de
parte de los decisores institucionales al no saber leer las lógicas
internas que caracterizan la ruralidad. Esta situación nos reta a hacer
estudios cualitativos, donde nos despojemos de los aparatajes conceptuales
que ya no dicen nada, no miden nada. Esta situación nos invita a trazar
trochas para intentar construir socialmente conocimientos con una praxis donde
se respete al sujeto contextualizado y no como objeto cosa.
“Si el sujeto A no puede tener en el objeto, el término de su pensamiento, sino que éste es la mediación entre él y B, en comunicación, no puede, igualmente, transformar al sujeto B en incidencia depositaria del contenido del objeto, sobre el cual piensa. Si así fuese- y cuando así es- no habría, ni hay comunicación. Simplemente, un sujeto estaría (o está) transformando, al otro, en pacientes de sus comunicados” (Freire:1987:75) (3)
La comprensión de la ruralidad, ha sido abordada con una visión
asistencialista que caracterizaron los programas de “extensión”
donde el campo no tenia nada que ofrecer en conocimiento, entonces las instituciones
con ejercito de ingenieros, demostradoras del hogar y técnicos llegaban
con la verdad hacia unos recipientes (objetos) que esperaban ser llenados
de conocimientos muertos e inservibles.
En segundo lugar, los problemas de desarraigo y empobrecimiento del sector rural tendríamos que buscar las causales en el avasallante proceso de apropiación indebida de millones de hectáreas por parte de terratenientes, empresas nacionales y transnacionales en la época de la dictadura perejimenista (prohibió el conuco) y la Democracia Representativa con el aval de instituciones como el IAN y el Poder Judicial que se prestaron para profundizar la desigualdad en el campo y hacer un radical cambio del “uso de la tierra, en dos dimensiones. La primera dimensión ha sido cambiar de una agricultura tradicional, no contaminante, ecológica y respetuosa de las especificidades culturales, a una agricultura agroindustrial con sus secuelas de cáncer de suelos. Las criticas a este modelo “en los años ochenta desde un punto de vista ecológico ha sido mas extensa e influyentes, abarcando desde la destrucción de los medios de producción por causa de desertificación y el agotamiento de los recursos hídricos hasta el envenenamiento de las cosechas por causa de un excesivo uso de productos agroquímicos, características propias del monocultivo mecanizado. Mas recientemente, la preocupación universal por la desaparición de los bosques y el efecto invernadero han venido a añadirse a las criticas especificas contra las prácticas agroindustriales” (Sorj, Bernardo. De campesino a ciudadano:R.I.S. junio 1990:135). (4)
La otra dimensión es que grandes cantidades de hectáreas, legalmente destinadas al uso agrícola, la han sido cambiada para un uso turístico bajo la modalidad de “parcelo-quinta”, caso muy concreto en Barlovento.
En ambas dimensiones esta situación ha transformado negativamente el estilo de vida rural venezolano tanto humanos como el habita animal, ya que frente a las fumigaciones masivas aves, mamíferos, reptiles han tenido que migrar o perecer ante este modelo de desarrollo agrícola, así como frente a proyecto turísticos irracionales bajo la modalidad de “ecoturismo”, “turismo rural” se están dando desplazamientos no solos humanos sino también culturales.
¿LEY DE TIERRA PARA QUE?
El lanzamiento de la próxima ley de tierra, donde muchas comunidades rurales no han participado en el proceso de elaboración y consulta de dicha ley ya que pareciera un pleito entre los terratenientes y el gobierno y la única forma de muchas comunidades se ha hecho sentir es a través de las llamadas “invasiones”, pudiera ser un detonante como PROYECTO DE VIDA y pudiera abrir las posibilidades de la reapropiación por parte de los habitantes del mundo rural y tener mayor espacio político para una redimensión de los modos de vida donde la cultura será uno de los catalizadores fundamentales para ello.
Cuando Paulo Freire analizaba los procesos de reforma agraria en algunos países de Latinoamérica expresa que: “La reforma agraria, como proceso global, no puede limitarse a la acción unilateral en el dominio de las técnicas de producción, comercialización, etc., sino por el contrario, debe unir este indispensable esfuerzo a otro igualmente imprescindible: la transformación cultural, intencional, sistematizada, programada” (Freire: 1987:65) (5)
A decir nuestro no va a bastar con que se dé una distribución justa de la tierra, que se cambien las reglas producción-comercialización-distribución, sino se trabaja un cambio en la esfera de la cultura institucional de aquellos organismos que tendrán bajo su responsabilidad la inducción al efecto transformador en puerta.
Para ello, como dice Freire “ es urgente que nos apartemos de la concepción
mecanicista en su visión ingenua y estrecha, la cual tiende a despreciar
la contribución de los saberes tiende hacerse rígida y burocrática”
(Freire: idem:66). (6)
Pero por otra parte, es necesario el cambio de mentalidad de quienes habitan el espacio rural así como los denominados invasores, para ello es bueno tomar como referencia el proceso brasileño del Movimientos de los sin tierra: “Desde 1984, los sin tierra han ocupado mas de 3.900 haciendas, y convertido al Movimiento Sin Tierra en uno de los movimiento sociales de mayor representatividad en América Latina. Después de cada ocupación solicitan al gobierno la expropiación y concesión de esas propiedades, prevista en la constitución de 1988, y cuando el gobierno les otorga la tierra el campamento se transforma en asentamiento y adopta una estructura más estable. Se calcula que han logrado así 22 milllones de hectáreas de tierra, repartidas entre 618.000 familias. Muchas de ellas se alimentan de lo que producen y venden sus excedentes mediante una red de cooperativas” (Lucas, Kintto: Repartir la tierra:UNESCO: 2001: 34). (7)
Si la asunción de la ley de tierra no pasa por la construcción de una visión de lo que debe ser la ruralidad pudiera estar al borde de otro fracaso.
Hará falta que nos apropiemos, a través de un proceso de investigación-acción endogena, en la esfera de la cultura de resistencia para lograr que la ruralidad sea retomada en todas sus dimensiones.
REFRENCIAS BIBLIOHEMEROGRAFICAS
1-UNESCO (1996). Nuestra Diversidad Creativa.
2-IDEM
3-FREIRE, PAULO.(1978) LA CONCIENTIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL
4-Sorj, Bernardo y Wilkinson, John. De campesino a ciudadano..En: Revista
Internacional de ciencias sociales. N.124
5-Freire, Paulo. Ob. Cit. Pag. 65
6-idem. Pag.66.
7-Kintto, Lukas. Repartir la tierra. En Correo de la UNESCO. Enero 2001. Pag.
34.
¿Afrodescendientes hasta cuando postergados?
1854-2004. Hace ciento cincuenta años el presidente Jose Gregorio Monagas firmó el Decreto de la Abolición de la esclavitud que dió libertad formal a miles de afrodescendientes que habían sufrido por décadas los rigores de la esclavitud en nuestro país. Pero sabemos que eso sólo fue un decreto, que el trasfondo de ese decreto era para indemnizar a los amos de esclavizados y esclavizadas y así llenarse los bolsillo ante la crisis situación que sacudía a nuestro país después de dos intensas guerras civiles como fueron la Guerra de Independencia y la Guerra Federal. La situación de la población de origen africano continuó después de 1854 en condición de Neoesclavitud, conocida con el nombre de peonaje, muchos continuaron en esa tragedia de humillación. Ese decreto fue una propuesta social de ciudadanía de segunda, ya que el mismo no garantizó indemnización por los daños morales, físicos y psicológicas de los y las afrodescendientes, no garantizó educación, salud y los mas elementales derechos de ciudadanía como si gozaban la población dominante de la época. No podemos borrar el pasado.....No podemos vivir con rencores...pero no podemos olvidar ya que aún permanecen con mucha fuerza en los espacio ideológico, políticos, sociales configuraciones metamorfoseadas de las prácticas esclavistas. Un mandato de la Tercera Conferencia Internacional Contra el Racismo (Surafrica 2001), fue obligar a los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, implementar políticas de INDEMNIZACIÓN o REPARACIONES, y para nosotros los y las afrovenezolanas eso se traduce en inclusión las políticas publicas y erradicación de la pobreza y elevar nuestra calidad de vida. De eso se trata a 150 años de la abolición de la esclavitud en Venezuela. Por otro lado, el Observatorio sobre el racismo en los medios de difusión masiva así nos lo dice, casi dos mil mensajes de agresión racista apartir de que el presidente Hugo Chavez Frias llegó al poder: Un negro macaco en el poder, un ministro simioide en el poder, una india en el poder, en fin...el racismo sigue campeante. Los indicadores sociales que hemos venido levantando en las comunidades afrovenezolanas desde el punto de vista educativo, salud y social nos están indicando que la exclusión, no tanto como ayer, pero continua. Esta fecha de gran trascendencia en la historia de Venenzuela, sino hubiese sido por la visita de Transafrican Forum, con el actor afroestadounidense DANNY GLOVER a la cabeza en enero del 2004, mas las actividades que impulso la Red Afro con el apoyo del Ministerio de Estado para la Cultura, esta fecha hubiese pasado por debajo de la mesa. ¿Sabia usted que en las entrevistas que sostuvo Transafrican Forun con Ministros y Ministras, así con diputados y diputados tanto de izquierda como derecha, coincidieron, en su mayoría, que en este país no había racismo y QUE NUESTRO PAIS ERA EL GRAN CRISOL DE LAS RAZAS, aun después de los sucesos de 11 de abril del 2002 que destapó la hoya del FACISMO-RACISMO?.
¿Sabia usted que de las instituciones del Estado venezolano
sólo EL CONAC, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER realizaron actividades referidas a esta fecha. Sólo tres
Alcaldías del país se acordaron de esta fecha (Veroes, Puerto
Cabello y Carúpano). Solo una universidad, la Universidad de los Andes
y dentro de ella el Centro Africa-Asia organizaron un seminario sobre la esclavitud
en Venezuela. Saque usted sus conclusiones. Aún falta mucho que REALFABETIZAR
al gobierno, a los medios de comunicación públicos y privados,
a nuestras mismas comunidades sobre esta situación, pero lo mas importante
es que los y las afrodescendientes cada dia concienticemos más nuestro
papel en la historia en función de lograr la equidad bajo el concepto
de Comprensión e interculturalidad. Esa es la lucha y por eso existimos.
AFRODESCENDIENTES UN PROGRAMA DE RADIO PARA ESTAR INFORMADO SOBRE EL ACONTECER DEL MUNDO AFRO.
TODOS LOS MARTES DE 4 A 5 DE LATARDE POR RADIO NACIONAL DE VENEZUELA. CANAL 630 AM.
A mediados del mes de enero del año 2004 se abre el
espacio AFRODESCENDIENTES, a través de Radio Nacional de Venezuela.
Semanalmente todos los lunes de 11 a 12 de la mañana Reina Arratia
(Union de Mujeres Negras) y Jesús Chucho García (Fundación
Afroamerica) asumieron este espacio, bajo el impulso de la Lic. Helena Salcedo,
directora del circuito RNV. Como productores y conductores de este programa
nos propusimos los siguientes objetivos: Generar opiniones de nuestras y nuestros
oyentes sobre los aportes históricos, culturales, políticos,
sociales de los y las afrodescendientes en la historia de Venezuela, las Américas,
el Caribe y el mundo; Abordar el tema del racismo, la discriminación
racial y sus diferentes expresiones, pocas veces perceptibles, analizandolas
pedagógicamente, dándoles herramientas al publico receptor sobre
como prevenir, combatir y erradicar el racismo. Nuestra experiencias en seis
meses ininterrumpidos ha sido de gran aprendizaje, en primer lugar, gracias
al alcance que tiene radio nacional hemos podido llegar a los rincones más
apartados de Venezuela; segundo el diálogo participativo que se ha
impulsado sobre esta temática; y tercero, profundizar la necesidad
de la comprensión como actitud de los seres humanos mas allá
del color de su piel sustentado bajo el concepto de Cultura de paz y en el
preámbulo de la Constitución Bolivariana que sostiene nuestro
carácter plutietnico y cultural. Por el espacio Afrodescedientes han
transitado diferentes comentaristas, con diferentes enfoques. Especialistas
de Japón que han investigado sobre el racismo en Venezuela, migrantes
afrocolombianos, haitianos, AFRICANOS e investigadores e investigadoras sobre
la visión de genero, endoracismo, autoreconocimiento, derechos humanos,
entre otros actores que han contribuido al enriquecimiento de este proyecto
radial que por primera vez en la historia de la radio difusión venezolana
ocupa un espacio estelar como el que nos ha brindado Radio Nacional.
DECLARACION CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION
DE LOS “150 AÑOS DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD”
CONSIDERANDO: